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Un abogado experto en este ámbito tendrá la experiencia necesaria para negociar con los fiscales y buscar acuerdos favorables que puedan reducir las penas o incluso evitar la prisión.

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Por lo tanto, se aseguran de estar disponibles para acudir al centro de detención y reunirse con el acusado para discutir su caso y explorar todas las opciones de defensa disponibles.

Es decir, es considerado un delito de tráfico de drogas cuando la cantidad y variedad de sustancias encontradas supera los límites establecidos por el Tribunal Supremo y distribuida en pequeñas dosis.

Para los otros casos donde no es muy relevante la pena será de prisión entre cuatro años y seis meses y diez años y una multa del cuádruple del valor de la droga.

Para otros casos de menor importancia la pena será prisión entre uno a tres años y una multa del doble del valor de la sustancia.

De lo que dice la teoría sobre estas sanciones a la realidad vivida por esos rusos hay un gran trecho. En lo que afecta a los ciudadanos rusos con residencia en el extranjero, esa norma establece que “pueden seguir operando con los bancos de fuera de su país sin problemas”. Pero eso “no lo estarían respetando algunas entidades”, revela este letrado. “Lo que no se permite, aun teniendo permiso de residencia, es transferir el dinero que esos empresarios tienen depositado en bancos de Rusia (muchas sedes de sus negocios siguen ahí) a otras oficinas del extranjero”, añade Stanislav.

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Una vez que las autoridades han detectado alguno de estos dos requisitos, o incluso ambos, ese individuo puede ser acusado de un delito contra la salud pública, ya que suponen un daño a la salud grave. Este tipo de delito está tipificado en los artículos 359 y siguientes del Código Penal.

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Un abogado penalista especializado en drogas en Barcelona es un abogado experto en la legislación y normativas relacionadas con delitos de drogas en la ciudad de Barcelona, España.

A la hora de enfrentar cualquier situación legal, es esencial contar con profesionales que hablen tu idioma nativo. El idioma puede ser una barrera significativa cuando se trata de asuntos legales, ya que la terminología y los procedimientos pueden ser complicados de entender en un segundo idioma.